Con 39 votos a favor y 31 en contra dio media sanción en el Senado a uno de los proyectos más controvertidos; también votó la creación de cámaras de casación
En un trámite exprés que duró apenas 9 días entre el ingreso de los proyectos y su aprobación, la mayoría kirchnerista del Senado le dio ayer luz verde a dos de los proyectos más conflictivos del paquete de “democratización” de la Justicia , que impulsa el Poder Ejecutivo y que la oposición en pleno rechaza por considerarla un intento del oficialismo por controlar el Poder Judicial.
Tras un extenso debate de más de ocho horas, el kirchnerismo impuso su número y aprobó por 39 votos a favor y 31 en contra el proyecto de ley que reforma de manera drástica el Consejo de la Magistratura , ampliando su número a 19 integrantes y modificando las mayorías para designar y destituir jueces.
Al cierre de esta edición, el oficialismo avanzaba en su intento por aprobar la creación de tres cámaras de casación en los fueros Laboral y de Seguridad Social, en el Contencioso Administrativo y en el Civil y Comercial.
La ofensiva kirchnerista en el Senado se completará hoy, a partir de las 12.30, en una nueva sesión en la que se discutirá el proyecto que impone severas restricciones a la posibilidad de plantear medidas cautelares contra el Estado.
Esta iniciativa, junto a las aprobadas anoche, forma parte del tramo más polémico de la reforma judicial, cuyo tratamiento en comisiones el kirchnerismo de la Cámara baja pretende llevar a cabo el martes próximo, para darle sanción definitiva al día siguiente.
El oficialismo alcanzó la sanción de las iniciativas con la ayuda de sus tradicionales aliados del MPN y los fueguinos de Nuevo Encuentro, pero lo hizo en medio de un llamativo silencio de sus legisladores. Sólo hablaron tres en todo el debate.
El kirchnerismo debió dar marcha atrás en una serie de modificaciones al proyecto del Consejo de la Magistratura, que incluía la reelección por un período para los consejeros electos por voto popular. Lo hizo ante la amenaza de toda la oposición, molesta porque no habían sido notificados de los cambios, de abandonar el recinto y dejar al oficialismo sólo a la hora de la votación.
El resto de la oposición (UCR, peronismo disidente, el FAP) rechazó los proyectos con fuertes conceptos, como las acusaciones de María Eugenia Estensoro (CC-Capital Federal) y Gerardo Morales (UCR-Jujuy) a la presidenta Cristina Kirchner de pretender la suma del poder público, delito contemplado como traición a la Patria en el artículo 29 de la Constitución Nacional.
Al cierre del debate, el jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto (Río Negro), replicó esas imputaciones. “No se va a caer la República por estas leyes”, dijo, y agregó: “Tampoco es un proceso revolucionario ni para cooptar la Justicia”. También acusó a la oposición de lanzar “consignas para que los medios las reproduzcan”, y los criticó por haberle dado la espalda al debate en comisiones de los proyectos.
No conforme con esto, Pichetto chicaneó a la oposición diciéndoles que “le tienen miedo a la voluntad popular, ya están pensando que van a perder las elecciones”.
Antes, el radical Ernesto Sanz (Mendoza) había castigado con dureza al kirchnerismo, al que acusó de esconder “tras un discurso progresista el más duro conservadurismo”.
En respuesta al miembro informante del oficialismo, Marcelo Fuentes (Neuquén), que había acusado a la UCR de ser “funcional a intereses corporativos”, el mendocino afirmó: “No nos vamos a colocar el sayo de una oposición obnubilada que defiende oscuros intereses. Nosotros estamos acá defendiendo las mismas cosas que defendíamos hace seis o siete años, cuando ustedes eran socios de los malos”.
Igual de crítico fue Luis Juez (Frente Cívico-Córdoba), quien aseguró que “de ninguna manera se puede convalidar esta partidización de la Justicia bajo el pomposo título de justicia popular”.
El cordobés redobló la apuesta y profetizó que esta reforma judicial se le volverá en contra al kirchnerismo. “Lo que quieren es una justicia para el Frente para la Victoria y estoy seguro de que cuando no estén en el gobierno van a peregrinar por los juzgados, y van a rogar tener jueces independientes”, sostuvo.
A los argumentos oficialistas acerca del funcionamiento corporativo del Poder Judicial, el salteño Juan Carlos Romero (PJ) le contrapuso una cifra lapidaria, al recordarle que “de los 700 jueces que hay en la actualidad, 400 fueron nombrados desde el 2003 a la fecha”.
Su compañera de bloque Sonia Escudero tildó de inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura y la modificación de las mayorías para designar y remover jueces.
“Van a tener la llave de entrada, la vara de castigo y la llave de salida, que es el jury de enjuiciamiento”, advirtió. “Esto atenta contra la garantía constitucional del juez imparcial”, denunció.
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