REFORMA

Sin consenso e independencia de los jueces no habrá transformación legítima de la justicia

Por Carlos A. Chiara Díaz

Las decisiones coyunturales, adoptadas en ámbitos cerrados, no resultan propicias para alcanzar propuestas que comprometan al espectro político y a los operadores judiciales en beneficio de la gente y con respeto del diseño constitucional vigente, el cual fue producto en 1994 del consenso genuino.- Entre todos habrá que buscar el mejor sistema para logar un acceso rápido a los tribunales e integrantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, donde los trámites sean transparentes, efectivos y concluyan en plazos razonables con decisiones fundadas, claras y controlables por un régimen ágil e igualitario de recursos, sin crear nuevas instancias como las tres (3) cámaras de Casación Federal en lo Contencioso Administrativo, en el fuero del trabajo y la seguridad social y en lo civil y comercial, las cuales sirven solo para demorar las definiciones de los conflictos, sin poder eliminar la intervención de la C.S.J.N. Ello ha provocado la alarma de diversos sectores, como el de los jubilados, ya castigados con un lento sistema de pagos de lo resuelto con reiteradas oportunidades por el más alto Tribunal de la República, y que ahora se encontrarán con un nuevo obstáculo, el cual seguramente les impedirá percibir en vida sus créditos.- El nuevo Consejo de la Magistratura elegido por voluntad popular a partir de agosto y octubre por boletas complementarias de los partidos y alianzas políticas, sustituyendo la elección de los representantes de los académicos, jueces y abogados, llevará inexorablemente a la politización de los magistrados nombrados y eventualmente separados de sus cargos, instaurando la fidelidad partidaria como guía de actuación, en una suerte de labor auxiliar de lo que se decidió como proyecto en los ámbitos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.- Asimismo, la restricción y cuasi eliminación de las medidas cautelares dictadas en los procesos en los que el Estado Nacional y sus entes descentralizados sean parte, perjudicará a los ciudadanos y beneficiará al poder, sobre todo a los responsables políticos de provocar por negligencia o dolo la afectación de los derechos humanos y patrimoniales de los sectores más vulnerables de la sociedad, como se vio en las recientes inundaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, brindándole a aquellos un monto de impunidad a pesar de haber omitido cumplir con sus deberes y resultar infieles representantes del pueblo.- En ese contexto, la publicación obligatoria en internet de las decisiones de la C.S.J.N., de los Tribunales de segunda Instancia en lo Federal y de las Cámaras Nacionales de Apelaciones; el dar carácter público a las declaraciones juradas integrales de los Funcionarios Públicos y regular el ingreso democrático e igualitario al Poder Judicial de la Nación y de los Ministerios Públicos, no resultan medidas suficientes y aptas para el cambio porque quedarán absorbidas y/o distorsionadas por estar inmersas en un sistema que desvirtúa y perjudica la existencia de un Poder Judicial independiente, que debe llevar a cabo el control de constitucionalidad y de respeto de los derechos humanos por los funcionarios del Estado, a través de sentencias y decisiones que se cumplan.-